Al respecto, la presidenta de la Comisión de Vivienda en la Cámara Alta, María Elena Barrera Tapia, destacó que las consecuencias más graves de estos fenómenos, como los hidrológicos, afectan mayoritariamente a los sectores más pobres, quienes debido principalmente a su situación económica, habitan en viviendas precarias y ubicadas en zonas de alto riesgo, además de ser quienes sufren mayores pérdidas humanas y económicas.
“Por la situación geográfica del país, además de las condiciones climáticas, orográficas, hidrológicas, entre otros, contribuyen a que nuestro país sea una zona vulnerable, lo que ubica al cambio climático como un asunto de seguridad nacional”, comentó.
La legisladora mexiquense subrayó que a pesar del avance de los satélites, pues permiten la localizar, hacer el seguimiento y predecir un fenómeno meteorológico, todo resulta inútil si desde la tierra firme no se ponderan las consecuencias previsibles y no se pone en práctica una política activa de prevención durante y después del acontecimiento.
Y es que dijo que uno de los pasos más importantes que puede dar un país para mitigar el impacto de los huracanes, es incorporar la evaluación del riesgo y el diseño de medidas de mitigación como las estructurales y las no estructurales.
La senadora ecologista explicó que las primeras atañen al desarrollo de códigos de construcción para controlar el diseño de edificios, métodos y materiales; mientras que las segundas son las políticas y prácticas de desarrollo que están diseñadas para evitar el riesgo.
“Las autoridades responsables del sector vivienda en el país han reconocido esta problemática que se presenta en la construcción de las zonas en riesgo. El riesgo no solo comprende las amenazas naturales, sino que es una combinación de factores sociales, económicos y políticos que vuelve vulnerable a la población y complica la recuperación frente a los desastres”, aseveró.
Señaló que no es extraño que en entidades del Estado encargadas de evaluar la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo no lo hagan, o se limiten a utilizar estimaciones poco riesgosas, o no formulen ni ejecuten debidamente las mínimas medidas de prevención-mitigación para proteger a la comunidad.
Barrera Tapia indicó que hacer evidente el riesgo y lograr un cambio de percepción en la población es una tarea compleja, que exige un cuidado especial, porque las entidades relacionadas con la prevención de desastres y atención de emergencias tienen instrumentos de divulgación, que comúnmente se usan a la hora de evaluar su desempeño, pero que no llegan a cumplir su objetivo.
“En la mayoría de los casos se centran en el hecho, es decir, en el desastre y no en la causa que es el riesgo. Es indispensable contemplar el concepto de riesgo en la Ley de Vivienda, como una medida legislativa para prevenir y mitigar desastres además de daños a la población, principalmente a los grupos que se encuentran en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo”, finalizó.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
