Con el permiso de la presidencia;

La iniciativa que hoy expongo ante ustedes la presento en nombre de mi compañera Diputada María del Rocío Corona Nakamura.

El acceso a la justicia es uno de los temas que más nos importa a los mexicanos; tristemente, en las últimas décadas, nuestra sociedad ha encontrado cada vez más dificultades para alcanzarla.

En nuestro país, cuando un individuo es víctima de algún delito se enfrenta a diversas barreras administrativas y burocráticas que le limitan su derecho de acceso a la justicia. La estadística indica que únicamente 7 de cada 100 mexicanos denuncia los delitos de los que son objeto, esta cifra es verdaderamente alarmante, pues significa que el 93% de los delitos que se comenten no se hacen del conocimiento de la autoridad.

La falta de denuncia de los delitos que diariamente ocurren, con frecuencia se asocia a la falta de confianza en las autoridades, así como a los altos índices de impunidad que imperan en nuestro país.

Por otro lado, se ha identificado que la falta de confianza que tiene la población en las autoridades se relaciona en muchos casos con ciertas actitudes de los servidores públicos, tales como hostilidad, hostigamiento, extorsión, entre otras.

Cabe señalar que otro de los obstáculos con los que se encuentran las víctimas del delito al denunciar es experimentar el proceso tan largo, tedioso y hasta intimidatorio que puede resultar la sola presentación de una denuncia.

Claramente, estas barreras limitan e inhiben la intención de los afectados de presentar la denuncia correspondiente. Se tiene registro de testimonios de personas que han tardado hasta 12 horas esperando en un Ministerio Público para ser atendidas y denunciar.

Por otro lado, una vez que se les atiende, los denunciantes pueden tardar horas en que les sea tomada su declaración y ni hablar de las altas posibilidades de ser revictimizados por los propios servidores públicos.

El bajo índice de denuncias es una señal de alerta de que el Estado debe actuar de manera puntual para implementar las acciones necesarias que permitan recuperar la confianza de la población, así como plantear propuestas innovadoras y acordes a la realidad que hoy vivimos, poniendo a disposición de los individuos los medios idóneos para facilitar los mecanismos de denuncia.

En este orden de ideas, sostenemos que un derecho fundamental como el acceso a la justicia no puede verse limitado por aspectos meramente burocráticos o administrativos y mucho menos en pleno siglo XXI en donde la tecnología ha tenido avances importantes, los cuales debemos aprovechar al máximo en pro de las personas y del acceso a la justicia.

Estamos en la época de la información y de las tecnologías, en donde la mayoría de la población tiene acceso a un teléfono celular y un alto porcentaje de ésta se encuentra habituado al uso cotidiano de medios electrónicos y digitales, ya sea a través de celulares inteligentes, computadoras o tabletas.

En este contexto, tenemos que contribuir a fortalecer la capacidad del Estado para atender a quienes demandan justicia y al mismo tiempo liberar en lo posible a nuestras autoridades encargadas de la procuración de la misma de cargas burocráticas, a fin de que puedan enfocarse más en la identificación de los responsables del delito, de llevarlos a juicio y de evitar que vuelvan a incurrir en conductas antisociales.

La presente iniciativa busca incluir la justicia digital en el Código Federal de Procedimientos Civiles a fin de que agilicemos no solo la presentación de demandas sino también su proceso, recepción, atención y resolución.

Es preciso decir que ya hay antecedentes relacionados con este esfuerzo, los cuales han resultado efectivos, es el caso de la Ley de Amparo, donde ya se contempla la inclusión de las nuevas tecnologías y con ello el aprovechamiento de las oportunidades y beneficios que estas brindan.

Se trata de modernizar, agilizar, hacer eficiente, acelerar y economizar tanto los trámites como el envío, recepción y manejo de documentos.

Se trata de reducir el uso de papel que se utiliza para integrar los enormes expedientes que obran en poder de las autoridades que procuran justicia en nuestro país y de los juzgados. Se trata también de reducir los insumos necesarios para lo anterior, además de disminuir los costos asociados al resguardo y almacenamiento de los archivos.

En la era digital no puede haber pretexto para migrar hacia un gobierno digital en pro de las y los mexicanos, incluyendo la procuración y administración de justicia, así nos lo demandan los ciudadanos y así nos lo exige también el cuidado del medio ambiente al que hoy estamos más que obligados.

Es cuanto, muchas gracias.