Saludo a la doctora Adriana Plascencia por este foro, a la diputada diputada Karla YuritziAlmazán, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al licenciado Hugo Christian Rosas, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados; -doctor juan carlos cervantes, director general del centro de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; la señora Simone Frenke, representante e la embajada de Alemania en México, en general distinguidos representantes de instituciones nacionales e internacionalesque nos acompañan; y por supuesto, a mi compañera la diputada Edna Díaz, presidenta de la Comisón de Cambio Climático y Sostenibilidad.
Me da un enorme gusto participar en este evento, con todos los presentes, los que están vía zoom y constatar que la sostenibilidad está más presente que nunca en el Poder Legislativo Federal. Especialmente en un marco de esfuerzos transversales, en el que diferentes instancias, comisiones legislativas e instituciones externas a la Cámara de Diputados, atendemos el llamado a la acción, hecho desde el año 2015, por la Organización de las Naciones Unidas, como parte de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Precisamente la Agenda 2030 es la suma de las aspiraciones mínimas que han sido acordadas por la comunidad internacional, en la constante búsqueda de la paz, la justicia y el bienestar generalizado, como condiciones mínimas para no dejar a nadie atrás del desarrollo de la humanidad.
Hasta finales del siglo XX, el concepto de desarrollo tradicionalmente se vinculaba a las ciencias económicas, asociado a ser más productivo, a generar más bienes y a tener más recursos materiales.
Sin embargo, a partir de la década de los 70, en que la preocupación por el deterioro ambiental cobró importancia a nivel internacional, fue que se empezó a construir el concepto de desarrollo sostenible, como un modelo que exige a las generaciones presentes adoptar las medidas necesarias para garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de los mismos niveles de bienestar que se registran en la actualidad.
El desafío de la sostenibilidad radica en guardar un equilibrio entre criterios económicos, sociales y ambientales. Porque ningún desarrollo económico es justo si no existe equidad social; y ningún desarrollo social o económico, puede realizarse a costa de los recursos naturales.
Como Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siempre hago énfasis en que nueve de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentran estrechamente vinculados con el ámbito de competencias de esta comisión, así que el reto de quienes la integramos es aún mayor, pues nuestras decisiones influyen sobre los niveles de pobreza y alimentación; sobre la calidad del agua y de los ecosistemas marinos y terrestres; sobre la posibilidad de consumir responsablemente, tener comunidades sostenibles o generar energías limpias; así como sobre las acciones para combatir el cambio climático.
Una comisión de la cual me congratulo presidir, formar parte y que es de las más productivas en esta LXV Legislaturadonde hemos tenido la oportinidad de aprobar dictámenes, minutas, puntos de acuerdo, que han aportado a esta agenda ambiental d nuestro país.
En resumen, tenemos en nuestras manos la posibilidad de incidir significativamente sobre el equilibrio ecológico, la salud y la vida misma de las personas.
Este foro me parece particularmente relevante, porque se trata de vincular a la Agenda 2030 con la formación de servidoras y servidores públicos.
Quienes participamos en el servicio público ostentamos el privilegio y la alta responsabilidad de servir a la gente. Pero no se trata de cualquier servicio, sino de funciones públicas que generalmente no son ejecutadas por actores privados, ya sea porque no son lucrativas, porque son estratégicas para la seguridad de la Nación o porque requieren ser ofrecidas bajo esquemas de justicia y equidad social.
En ello radica la importancia de que todas y cada una de las personas que desempeñamos una función pública, conozcamos y estemos plenamente conscientes de que nuestra actuación no solo está regida por criterios legales, sino también por una ruta de trabajo planteada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El propio Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, "Educación de Calidad", reconoce que es necesario garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, a fin de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todas las personas.
Aunque la mayor parte del contenido de este objetivo está dirigido a mejorar la educación de niñas y niños, quiero destacar una meta que incide directamente en la formación de funcionarias y funcionarios públicos, que además fue incorporada en la reforma constitucional en materia educativa del año 2019.
Me refiero a la meta 4.7, que busca asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, a través de los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural, y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
Esta meta quiere decir que la educación para el desarrollo sostenible va mucho más allá de la los modelos educativos tradicionales, ya que una formación completa también debe promover la paz, la cultura, la igualdad y el acceso a los derechos humanos para todas las personas.
Precisamente el texto vigente del Artículo 3o constitucional establece la perspectiva de derechos humanos en el modelo educativo de México, fomentando las libertades, la paz, la solidaridad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, las artes y, sobre todo, el cuidado del medio ambiente.
A fin de hacer esto posible, los gobiernos de todo el mundo requieren servidoras y servidores públicos sensibles, aptos y comprometidos con la educación de calidad y con los demás componentes del desarrollo sostenible.
Como podemos ver, se trata de un círculo virtuoso, pues la educación para el desarrollo sostenible genera servidores públicos más comprometidos, que a su vez brindan un mayor impulso al desarrollo sostenible en el ejercicio de sus funciones. De ahí surge la importancia de espacios de discusión como éste, que contribuyen a fortalecer el círculo virtuoso de la educación para la sostenibilidad.
Por otra parte, no debemos perder de vista que la educación es solamente uno de los 17 componentes de la Agenda 2030, así que es necesario revisar qué hemos logrado, qué estamos haciendo, y qué falta por hacer en cada tema, desde nuestras respectivas trincheras.
En el Poder Legislativo Federal tenemos la enorme tarea de mantener actualizado el marco jurídico nacional, por lo que vale la pena revisar qué hemos legislado para contribuir a que México logre cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Acerca del Objetivo 1, "Fin de la pobreza", en 2018 el Congreso Mexicano reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de transformar la Secretaría de Desarrollo Social en la Secretaría de Bienestar, con una nueva visión para el combate efectivo de la pobreza y la atención de los sectores sociales más desprotegidos.
Estos sectores frecuentemente olvidados, y con quienes tenemos la deuda histórica de voltear a verlos y darles herramientas para detonar sus capacidades personales y colectivas, a fin de hacerlos partícipes del desarrollo nacional bajo criterios de equidad y justicia social.
Con relación al Objetivo 2, "Hambre Cero", recientemente han surgido diversas propuestas legislativas para impulsar la conformación de bancos de alimentos, a fin de evitar el desperdicio y canalizar alimentos a las familias que más lo necesitan. Aunque se han logrado avances, aún está pendiente consolidar una política nacional en este tema.
Muchas veces se ha dicho que existe una crisis alimentaria a nivel mundial, pero la propia Organización de las Naciones Unidas ha identificado que un 17% de los alimentos disponibles en todo el mundo son desperdiciados. Por tanto, el reto no es producir más alimentos, sino distribuirlos mejor, para todas y todos.
Respecto al Objetivo 3, "Salud y Bienestar", cabe destacar que el sector salud es sumamente dinámico, por lo que su marco jurídico requiere actualización continua. Por ello, durante el último año, el Poder Legislativo ha aprobado reformas en materia de recetas médicas, enfermedades transmisibles por animales, y atención oportuna del cáncer infantil, entre otros temas, grandes logros de esta legislatura.
La propia pandemia de COVID-19, cuyos efectos aún padecemos, nos ha enseñado la necesidad apremiante de contar con sistemas de salud robustos, con la capacidad de reaccionar y adaptarse a los impredecibles efectos de nuevas enfermedades. A este respecto, no podemos perder de vista la estrecha vinculación entre salud y protección del medio ambiente, pues una calidad ambiental satisfactoria es un requisito indispensable para disfrutar de una buena salud.
En el Objetivo 5, "Igualdad de Género", en 2019, se aprobó una reforma constitucional en materia de paridad entre géneros en las candidaturas y conformación de órganos de gobierno. Además, se han modificado otras leyes de diversos temas, para impulsar una paridad total en todos los ámbitos; no olvidemos que la sexagésima quinta, es la primera legislatura paritaria, incluyente y diversa, y todos estos pequeños logros suman al cumplimiento de la Agenda 2030.
Acerca del Objetivo 6, "Agua Limpia y Saneamiento", el Poder Legislativo tiene una gran deuda con el pueblo de México, ya que desde 2012 se encuentra pendiente la expedición de una Ley General de Aguas, a fin de garantizar el derecho constitucional de toda persona al agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Estoy segura que la comisión que preside el diputado Rubén Muñoz, lo ha dicho y lo ha compartido, el esbozo que hay en este tema permite que se esté trababando en esta ley, de manera responsable e informada, para poder sacarla en esta legislatura.
Con relación al Objetivo 7, "Energía Asequible y No Contaminante", en los años recientes se han hecho planteamientos en diversas instancias, desde acuerdos administrativos y reformas legales, hasta resoluciones judiciales y propuestas de reformas constitucionales sobre el modelo energético de nuestro país.
Se trata de un tema polémico, en el que no se han alcanzado los consensos necesarios para que México cuente, de una vez por todas, con una transición energética, pero las posturas están claras y el reto será conciliarlas para impulsar energías limpias, con la finalidad de garantizar la seguridad energética y es ahí la gran labor de países como Alemania, en el que hemos tenido la oportunidad de participar n distintos foros y con la gran capacidad que ustedes tienen en esos avances y poder complementar la información y compartirla.
Respecto al Objetivo 8, "Trabajo Decente y Crecimiento Económico", destaca que en los últimos dos años se han aprobado importantes reformas sobre trabajadoras del hogar, impulso al teletrabajo y eliminación de la subcontratación laboral, para buscar condiciones cada vez más justas para todas y todos los trabajadores.
Sobre el Objetivo 9, "Industria, Innovación e Infraestructura", se encuentra pendiente de expedir la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a fin de dar un nuevo enfoque y un impulso renovado a la investigación que se realiza en nuestro país.
Es ahí donde ésta comisión con su homologa en el Senado, están trabajando para poderla expedir porque la ciencia y la tecnología, lo comentaba la diputada Edna, son palancas induscutibles para el desarrollo sostenible, especialmente en el marco de una población joven y centros de investigación tan capaces como los que tiene México, particularmente en sus instituciones públicas.
En el Objetivo 10, "Reducción de las Desigualdades", existen diversos avances para facilitar la inclusión de diversos grupos vulnerables. Destaca que en 2020 se aprobaron reformas a la Ley de Migración, para proteger a la infancia migrante.
Fuera del ámbito legislativo, pero promovidos fundamentalmente desde el presupuesto aprobado cada año por la Cámara de Diputados, destacan los programas sociales que han sido implementados por la presente administración, que precisamente tienen como finalidad última reducir las profundas desigualdades registradas en la sociedad mexicana.
Acerca del Objetivo 11, "Ciudades y Comunidades Sostenibles", es de resaltar que el mes pasado el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que se encuentra pendiente de publicar en el Diario Oficial de la Federación. No podemos perder de vista que el 80% de la población es urbana, con lo cual el reto es conectar y permitir la movilidad de la gente, de manera masiva, segura, eficiente y limpia.
Con relación al Objetivo 12, "Producción y Consumo Responsables", actualmente se están analizando en la Cámara de Diputados dos minutas remitidas por el Senado de la República, en materia de Economía Circular y regulación de plásticos de un solo uso, las cuales han sido materia de una serie de audiencias públicas.
En su carácter de coordinadora de los trabajos de dictaminación, la Comisión de Medio Ambiente ha hecho el compromiso de escuchar todas las voces, así como hacer un análisis cuidadoso y responsable de las minutas, con el único objetivo de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano de todas y todos.
Por último, en el Objetivo 17 "Alianzas para Lograr los Objetivos", son importantes las acciones integradoras que realiza el Poder Legislativo Federal para impulsar el cumplimiento de todos los objetivos en conjunto. La presencia en este evento de diversas comisiones legislativas e instituciones, tanto nacionales como internacionales, acreditan el interés y, sobre todo, la voluntad de sumar esfuerzos en el marco de la Agenda 2030.
Entre estos esfuerzos, destaca que ambas Cámaras del Congreso de la Unión cuentan con Comisiones o Grupos de Trabajo, para el seguimiento continuo de los Objetivos. Asimismo, desde hace 3 años la Cámara de Diputados analiza los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación, para asegurar que todos los programas presupuestarios estén vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En esta misma línea de esfuerzos integradores, el mes pasado se publicaron reformas al Reglamento del Senado de la República, para promover que las propuestas legislativas indiquen su vinculación con la Agenda 2030.
Asimismo, en noviembre pasado presenté una iniciativa para reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de incorporar la vinculación con la Agenda 2030, como un requisito de las iniciativas y dictámenes presentados en esta soberanía. Porque estoy convencida de que la única manera de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es teniéndolos presentes en cada una de nuestras actividades, especialmente en la función legislativa.
Después de este breve recuento, se observa que se tienen avances destacados, pero también existen pendientes en diversos temas. Es importante recordar que el impulso a los 17 Objetivos de la Agenda 2030 deben guardar un justo equilibrio, ya que los grandes avances en algunos temas no pueden compensar los retrasos de otras áreas.
Como lo hemos dicho en foros anteriore, debemos ser muy conscientes y enfáticos en que solamente nos quedan 8 años para cumplir con los Objetivos y Metas de la Agenda 2030. El tiempo se agota, y en varios aspectos aún se observan rezagos importantes y debemos tomarlo con la seriedad que amerita.
El Congreso de la Unión debe ser un promotor destacado de la Agenda 2030, de modo que todas las actividades legislativas deben coadyuvar, dentro de lo posible, al cumplimiento de esta hoja de ruta.
Por ello, desde el Poder Legislativo Federal, debemos seguir impulsando esfuerzos como este foro, enfocado en el fortalecimiento del servicio público con la participación de actores internacionales, para continuar sumando los esfuerzos de todas y todos.
Muchas gracias por su atención.
