El coordinador de la Alianza Verde en el Congreso de la Ciudad de México, el diputado Javier Ramos Franco, busca aumentar las penas que actualmente se contemplan en el artículo 344 del Código Penal para el Distrito Federal, a efecto de prevenir e inhibir la conducta de quien o quienes depositan residuos de la construcción y demolición en lugares no autorizados.
El legislador destacó que uno de los principales problemas que se tienen en materia ambiental en la capital del país, es el creciente volumen de residuos de la construcción y demolición; contabilizándose a la fecha más de un millón doscientas mil toneladas anuales de dichos residuos, esto es, tres mil toneladas por día, lo equivalente a llenar el Zócalo capitalino cinco veces con una altura de cinco metros por año.
En ese sentido, el también vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino, diputado Javier Ramos, advirtió que, de no tomar las medidas pertinentes en tiempo y forma, derivará en un gran deterioro ambiental que pudiese llegar a ser irreversible, más aún que muchos de estos residuos, son depositados en Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Valor Ambiental (Barrancas y Bosques) y Áreas Verdes.
Cabe precisar que, en muchas ocasiones, los materiales de la construcción y demolición son elaborados o contienen agentes tóxicos cuyos efectos nocivos incluso alcanzan la capa de ozono, además de contaminar severamente el aire, agua, suelo y subsuelo, generando graves problemas ambientales, de imagen urbana y salud, entre los que se destacan la obstrucción de arroyos, cañadas y barrancas, la afectación al drenaje natural, el azolve de las partes bajas e inundación de zonas aledañas en temporada de lluvias y la afectación al medio físico y medio biótico (flora y fauna), entre otros.
"En ese contexto, los residuos de la construcción y demolición en la Ciudad de México, son agentes que pueden dañar al medio ambiente y la salud, cuando son depositados en áreas ajenas a aquellas instalaciones donde se les dé un correcto tratamiento. Por ello, es necesario aumentar las penas que actualmente se contemplan en el artículo 344 del Código Penal para el Distrito Federal hasta 21 años de cárcel 6 meses, aproximadamente, a efecto de prevenir e inhibir la conducta de quien o quienes depositen dichos residuos en lugares no autorizados", finalizó el diputado ecologista Javier Ramos Franco.